En la sede de la Sociedad Rural de Lobos, Las Heras y San Martín, se realizó la segunda audiencia de conciliación para intentar destrabar el conflicto suscitado entre el gremio de ATILRA y la empresa Lácteos Mayol, de Gobernador Udaondo, partido de Cañuelas, que está poniendo en riesgo la continuidad de la firma.
Desde la semana pasada, el gremio se instaló en la planta de la empresa y la bloqueó, ocasionando la pérdida de más de 5.000 litros de leche según lo denunciaron los responsable de la firma.
El conflicto es de encuadramiento, dado que el gremio acusa a la empresa de enrolar a sus 12 empleados en otros convenios para ahorrar cargas sociales y otros costos laborales.
En la primera audiencia no se presentó la parte gremial, y ahora el segundo intento de conciliación tiene como escenario la sede de la Rural lobense que emitió un comunicado.
Dice que “la Sociedad Rural de Lobos repudia los actos de vandalismo y la toma realizada de forma patotera y prepotente a la empresa Lácteos Mayol, en el vecino distrito de Cañuelas.
Dispara el documento que “no se hace nada ante una conciliación obligatoria, la Fiscal no identifica a los culpables y el Juez no actúa, lo que produce un estado de indefensión de argentinos que producen, inviernes y generan puestos de trabajo”.
“Estas acciones no buscan una solución a los planteos gremiales, sino que agravan la situación”, expresa la Rural de Lobos.
Y agrega que “el camino para la resolución de los conflictos es el del diálogo, y nunca el de la fuerza”.
Finalmente instan “al cese de los bloqueos y cualquier acción intimidatoria, como también al cumplimiento de la ley”.
HABLO UNO DE LOS MAYOL
Uno de los responsables de la empresa habló con la prensa en la vereda de la sede de la Rural, contando que “sufrimos un accionar intimidatorio, hasta nos
rompieron el generador de electricidad, la leche se puso fea y hubo que tirarla, ni siquiera se pudo donar”.
“Hicimos una presentación en Cañuelas y el Juez negó la perimetral que pedimos, después la Fiscal de Cañuelas quiso identificar a la gente y se negaron”, agregó.
“Los abogados volvieron a la carga con el pedido de perimetral, y finalmente el juez firmó el desalojo, aparecieron 10 móviles policiales y el GAD, que se portaron maravillosamente bien, ahí levantaron las pertenencias y se fueron”, completó el empresario.
